La agencia de calificación crediticia S&P Global ha advertido que las medidas aprobadas por el Gobierno para contener el precio de la electricidad, que supondrá un recorte de los beneficios de las empresas eléctricas de unos 3.200 millones de euros, amenaza con ralentizar los objetivos de transición energética del país.

En un informe publicado este jueves, la agencia calificadora de riesgos considera que las nuevas medidas “Podría reducir el apetito de las empresas generadoras de energía para invertir en la transición energética”.

S&P también ha señalado que España ha sido el único país europeo que ha adoptado medidas de este tipo, mientras el resto ha preferido reducir los impuestos a las facturas de electricidad o proporcionar subsidios a los hogares vulnerables.

El impacto de 3.200 millones en los ingresos de las empresas que calcula S&P provienen de dos de las medidas aprobadas por el Gobierno. Por un lado, la devolución de los “beneficios extraordinarios” que obtienen las empresas eléctricas al repercutir los costes del gas que no soportan en las plantas de generación eléctrica. El Ejecutivo estima esta cantidad en 2.600 millones de euros.

Por otro lado, las medidas para actuar sobre la denominada “beneficios del cielo” de la energía nuclear e hidroeléctrica, que el Gobierno estimó inicialmente en 1.000 millones pero finalmente bajó a 625 millones.

Según cálculos de S&P, estas dos medidas tendrán un impacto en el beneficio operativo bruto (Ebitda) de Iberdrola de hasta 1.470 millones, mientras que para Endesa alcanzará un máximo de 1.150 millones y para Naturgy rondará los 340 millones. El Ebitda de EDP se verá afectado negativamente hasta en 100 millones de euros.

Sin embargo, la agencia de calificación ha indicado que el impacto podría terminar siendo menor, ya que no se tienen en cuenta las posibles acciones de mitigación implementadas por las empresas, como la desactivación de contratos de cobertura o la renegociación de precios de contratos con clientes finales.

A pesar del impacto incierto en las ganancias y la expectativa de que estas medidas no afectarán las métricas crediticias de las empresas, S&P cree que este tipo de leyes sientan un “precedente” para los períodos futuros de volatilidad de las materias primas.Por tanto, se ha establecido un “grado de ambigüedad a largo plazo” para el mercado energético español.

Incertidumbre regulatoria

Además, la agencia calificadora de riesgos ha calificado de “crítico” el impacto de estas medidas en la confianza de los inversores en España. “La incertidumbre regulatoria derivada de las acciones gubernamentales podría llevar a determinadas empresas eléctricas a revisar su asignación de capital en España”, Ha advertido S&P.

“Las nuevas medidas penalizan a las empresas que han comenzado a invertir en producir electricidad más limpia, como la hidroeléctrica, nuclear o renovable”, subraya la firma en su informe. También considera que las medidas adoptadas pueden hacer que las centrales nucleares no sean rentables, poniendo la capacidad “en duda”. y el incentivo económico de sus propietarios para operarlos.