El Ministerio de Agricultura y las organizaciones agrarias Asaja, Upa y Coag han celebrado este jueves la reunión de la Comisión Asesora Agraria para analizar el estado del Plan Estratégico tras las negociaciones mantenidas en los últimos meses entre Atocha y las Comunidades Autónomas y sobre las que se Deberá destinarse los 47.724 previstos para la PAC de 2023 a 2027. En el centro de los debates y diferencias entre las organizaciones agrarias, al igual que con los gobiernos regionales y el propio Ministerio de Agricultura, se encuentra la definición de profesional del agricultor como una prioridad. destinatario de pagos. El ministro Luis Planas señala la necesidad de un Plan Estratégico inclusivo y profesional, justo y redistributivo, reconociendo la diversidad de posiciones de cada Comunidad Autónoma ante las diferentes realidades de la actividad agraria. Sin embargo, la realidad es que se trata de un debate abierto, donde también pueden jugar otros factores en este momento, como la apertura de conversaciones en Atocha, para medir la representatividad en el campo. La definición de profesional agrícola también juega un papel clave. El Plan debe estar listo para enviarse antes del 31 de diciembre a Bruselas.

En la última reunión de la Jornada Sectorial, celebrada el pasado verano, quienes cumplían la condición de agricultor activo fueron considerados beneficiarios de las ayudas directas de la PAC; Es decir, quien esté inscrito en el Régimen de la Seguridad Social Agraria por cuenta propia o cuando el 25% de sus ingresos totales proceda de la actividad agraria, pero considerando también como activo a quienes perciban menos de 5000 euros de ayudas directas de la PAC.

El Ministerio de Agricultura defiende la inclusión de este grupo por ser considerado una figura muy importante en muchos territorios, así como para la sostenibilidad del medio rural, además de no representar un volumen significativo de fondos. Los datos oficiales indican que este colectivo es el 70% de los beneficiarios de la ayuda y solo se lleva una media del 14%. Por otro lado, el 32% de los 630.000 receptores de los fondos, los profesionales, reciben el 86% de esos fondos.

Desde Asaja, su presidente Pedro Barato apuesta por la llegada de fondos solo a profesionales que tengan una actividad productiva, que asuman riesgos empresariales y que cumplan con sus obligaciones tributarias y laborales, y rechaza recortes tanto arriba como abajo en las ayudas, siempre que se cumplan esas condiciones profesionales. se cumplen.

Para Miguel Blanco, responsable de Coag, las ayudas solo deben dirigirse a todos los profesionales de la actividad agraria, con especial atención a las pequeñas y medianas explotaciones. Lorenzo Ramos, secretario general de la UPA, también defiende a los profesionales como destinatarios de los fondos, pero no los diferencia solo por la cantidad de ayudas que reciben.

Administración y organizaciones agrarias se han felicitado por la aprobación en primera instancia de la Ley de la Cadena en el Congreso, especialmente en lo que se refiere a la prohibición de vender a pérdida en la fase de distribución, pero el sector insiste a la Administración que lo importante es que es cumplido y que no ocurra como ha sucedido con la demanda de pagos en origen por encima de los costos de producción. El ministro y las organizaciones agrarias manifestaron su apoyo al plátano de Canarias.

En relación a la sentencia del Tribunal de Justicia Comunitario sobre el Sahara y su impacto en los sectores agrario y pesquero, Luis Planas expresó su apoyo a los pescadores y agricultores españoles, y reconoce que ello no comprometerá las buenas relaciones que se mantienen con Marruecos. , a quien considera un socio estratégico. Coag ha denunciado en repetidas ocasiones que una parte importante de la producción de tomate marroquí que invade la UE en condiciones ventajosas proviene del territorio del Sahara.