La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.Agencia Getty

La Unión Europea acaba de anunciar que colocará hasta 250.000 millones de euros en bonos verdes en cinco años para financiar proyectos del programa Next Generation EU con impacto ambiental positivo. Esta cifra, cercana al 0,3% del PIB anual durante cinco años, cubriría parcialmente las necesidades de inversión para la transición climática que los analistas de Bruegel sitúan entre el 0,5 y el 1% del PIB de la zona. Los fondos recaudados se sumarían a la reciente (y pequeña pero creciente) oferta de deuda soberana sostenible ya varios instrumentos del sector privado. El apetito de los inversores es alto a nivel mundial, como lo refleja el hecho de que el total global de emisiones de activos con objetivos de sostenibilidad ambiental y social se duplicó en la primera mitad de 2021 en comparación con el mismo período de 2020, según el Instituto de Finanzas Internacionales. Sin embargo, además de una preferencia de inversión por la diversificación hacia activos ASG, todavía queda un largo camino por recorrer para que la financiación de objetivos sostenibles sea lo más eficaz posible.

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En primer lugar, la demanda de los inversores financieros no se traduce en un menor costo de capital para proyectos sostenibles. Según estudios del FMI, hay poca evidencia de que los emisores obtengan un menor costo de financiamiento con bonos verdes que con los destinados a proyectos convencionales. Que el perfil de riesgo del emisor domine al del proyecto muestra que hay margen para incorporar riesgos de sostenibilidad en la asignación de precios.

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En segundo lugar, no está claro que la colocación de activos verdes favorezca una menor intensidad de emisiones de CO₂. Según estudios del International Settlement Bank, las disminuciones en la intensidad de las emisiones de CO₂ se dan solo en algunas empresas de algunos sectores de actividad. Pero, por otro lado, ya se empieza a evidenciar, estadísticamente significativa, que una mayor participación en la propiedad de empresas por parte de grandes inversores institucionales con vocación sostenible coincide con la caída de sus emisiones de CO₂.

Un conjunto integral de políticas climáticas, organizado en torno a precios de emisiones de CO₂ creíbles y a largo plazo, es esencial para señalar la inversión y la financiación de proyectos ecológicos. En lugar de establecer cuotas u objetivos generales, se podría comenzar con una definición clara, lo más permanente y global posible (común a diferentes jurisdicciones, como la disponibilidad de flujos financieros) de “lo que es verde”. Pero para este primer paso fundamental, queda mucho por hacer, ya que hoy en día ni siquiera existe una taxonomía definitiva en Europa ni un estándar global para la comunicación de exposiciones a riesgos medioambientales.

J. Julián Cubero, por BBVA Research