El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros el primer informe del anteproyecto de ley de fondos de pensiones de promoción pública y planes simplificados, diseñado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en colaboración con el resto de ministerios de economía. El texto recoge la arquitectura básica de una de las medidas estrella de este Ejecutivo en materia de seguridad social complementaria, que ahora será sometida a los informes pertinentes para ser aprobados en segunda lectura por el Gobierno antes de fin de año y así que está en vigor antes de finales de junio de 2022.

El ministro responsable del ramo, José Luis Escrivá, explicó ayer tras la reunión del Consejo de Ministros, que el Gobierno creará con esta ley “un fondo [de pensiones] De empleo [colectivo] promovido desde el sector público, al que se pueden destinar muchos trabajadores de muchas pymes, autónomos y trabajadores de las administraciones públicas ”. Asegurando, añadió, “que las comisiones de gestión son muy bajas”. En un principio, el Ejecutivo propuso que la comisión máxima que pueden cobrar los administradores sea del 0,4% anual, mientras que la entidad depositante podría cobrar hasta el 0,1% anual. Por tanto, como máximo las comisiones llegarán al 0,5%, pero la Seguridad Social decidió que estos límites se fijen más adelante en la normativa y pliegos de condiciones de las sociedades gestoras.

Actualmente, solo uno de cada diez trabajadores tiene acceso a uno de estos planes colectivos en sus empresas, por lo que Escrivá explicó ayer que el objetivo del nuevo fondo público de promoción es que, en diez años, la mitad de los trabajadores estén adscritos a uno de estos largos -Instrumentos de ahorro a plazo. Así, espera que a los dos millones de trabajadores que están adscritos a uno de estos planes se sumen otros ocho millones para llegar a diez millones de participantes en diez años. Pero, ¿cómo lograr este éxito?

Escrivá mira al País Vasco para marcar este objetivo. Allí, la regulación de las Entidades Voluntarias de Previsión Social (EPSV), muy extendida en el tejido productivo de esta comunidad, permite un convenio sectorial para obligar a todas las empresas del sector a aportar dinero a la EPSV pactada. Por ello, el Gobierno explicó ayer que la nueva ley “permitirá normativamente la negociación colectiva sectorial de manera que establezca que el plan de empleo pactado se extiende a todas las empresas del sector”.

En definitiva, “que cuando un sector decide [en negociación colectiva] que esta posibilidad está abierta a todas las empresas del sector, esto acaba siendo así. Porque ahora hay que hacer hasta siete pasos para crear un plan, es sumamente complejo, y ahora el procedimiento será “extraordinariamente sencillo, en un solo paso”, dijo Escrivá.

Aunque, el grado de obligación que se puede aplicar a la oferta de estos planes por parte de las empresas es controvertido, ya que fuentes patronales advirtieron ayer que dependiendo de cómo esté redactada la ley a la hora de obligar a las empresas de un sector a ofertar estos planes, “podría incluso ser inconstitucional “. En los jefes se quejaron ayer, en todo caso, de no haber recibido noticias sobre qué propuestas empresariales tiene previsto incluir el Gobierno en la norma.

Asimismo, el ministro anunció que las inversiones, que serán sostenibles y estarán sujetas a “una vigilancia de control muy estricta”, a través de una comisión con representantes del Gobierno y agentes sociales. Pero se han descartado vetos en esta gestión.

Según el primer borrador de este texto, la Seguridad Social pondrá en marcha una especie de marco común al que se sumarán multitud de planes colectivos de empleo. Así, las empresas incluidas en los convenios colectivos sectoriales pueden constituir planes de empleo simplificados (personería jurídica de nueva creación); Administraciones públicas y sociedades mercantiles públicas; asociaciones de autónomos, colegios profesionales o mutualidades.

En principio, estos fondos serán gestionados por una entidad gestora con la asistencia de una entidad depositaria y bajo la supervisión de una única comisión de control. Las entidades que cumplan con los requisitos establecidos en la ley que regula los planes y fondos de pensiones podrán ser entidades administradoras de fondos de pensiones para promoción pública. Una comisión formada por nueve funcionarios (cinco de la Seguridad Social y uno de Trabajo, Economía, Industria y Transición Ecológica) tendrá la última palabra en la selección de los responsables que finalmente ofrecerán los planes.

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