Maravillas delgado

La crisis económica provocada por el covid-19 ha sido la más intensa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y esto tendrá un impacto significativo en el sistema de pensiones en España, y solo en el mejor de los casos, temporal. Porque, si bien el gasto en pensiones ha mantenido una tasa de crecimiento relativamente estable, la fuerte caída de los ingresos por cotizaciones sociales durante la pandemia ha exacerbado el deterioro del déficit de cotizaciones a la Seguridad Social.

Los últimos datos de ejecución presupuestaria lo confirman. En 2020, la renta del sistema ha caído un 3,7%, que es considerablemente menos de lo que ha caído el PIB en el mismo año. Esas son buenas noticias. Sin embargo, los gastos del sistema (pensiones contributivas, complementos mínimos, etc.) han aumentado un 4,3%, con lo que el déficit contributivo del sistema, la diferencia entre estas dos cifras, ha superado los 30.000 millones de euros. Esto equivale al 2,7% del PIB en 2020, frente al 1,5% de déficit del sistema en 2019, y equivale a unos 3.500 euros anuales por pensionado y unos 1.600 euros anuales por cotizante de la Seguridad Social.

Esta crisis solo ha intensificado y anticipado con el tiempo el desequilibrio subyacente del sistema de pensiones en España, como consecuencia del aumento de la esperanza de vida y jubilación de la generación del baby boom en los próximos años. Las proyecciones disponibles indican que en las próximas décadas se duplicará el número de pensionados por encima de la población en edad de trabajar: para mantener la tasa de beneficio actual sin aumentar el déficit, se necesitarían unos 29 millones de cotizantes para pagar los más de 15 millones de pensiones esperadas. en 2050, según estimaciones de BBVA Research, una cifra que parece difícil de alcanzar a partir de los poco más de 19 millones de cotizantes que tenemos actualmente.

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A finales de mayo de 2021 había 1,95 cotizantes por cada pensionado en España, tasa que viene cayendo desde 2007, cuando se alcanzaron los máximos recientes (2,71 afiliados por pensionado). Según algunos expertos, el equilibrio en los sistemas de reparto es difícil de mantener cuando la relación entre afiliados y pensionados es inferior a 2,5.

Pero esta ratio no es uniforme en todo el territorio español, aunque el “fondo de pensiones” es único. Algunas provincias se encuentran en niveles de 1,5 cotizantes por cada pensionado o incluso más bajos. En concreto, hay varias provincias en esta situación: Salamanca, Palencia, Pontevedra, A Coruña, Ávila, Asturias, Zamora, León, Lugo y Ourense. En el extremo opuesto, por encima de 2,5 cotizantes por pensionista, se encuentran cuatro territorios: Melilla, Almería, Madrid y Huelva.

Al desequilibrio entre cotizantes y pensionados se suma el hecho de que las nuevas pensiones ingresan al sistema con un desequilibrio actuarial, es decir, durante su jubilación, los pensionados reciben colectivamente una pensión superior a la que han aportado durante su vida laboral. Los cálculos del Instituto de Actuarios Españoles sitúan este desequilibrio en un 51% de media. Un estudio del Banco de España del año pasado calcula que, utilizando la Muestra Continua de Vidas Laborales de 2017, las nuevas pensiones reciben 1,74 euros de beneficio por cada euro de aportación.

Por tanto, es necesario impulsar una reforma que aborde el desequilibrio estructural que arrastra el sistema de pensiones. La reforma de las pensiones no es solo un desafío técnico, también es político y social. Una de las claves de su éxito radica en hacer comprender a la sociedad (por ejemplo, a través de una campaña institucional) la necesidad de reformar el sistema; en esencia, lo que pierde la sociedad y cada grupo si no se hace nada o si se hace lo que no está bien.

Las generaciones más jóvenes, como los millennials, son muy conscientes de que la cuestión demográfica juega en contra del sistema de pensiones. Según la última encuesta del Instituto de Pensiones BBVA, el 76% de los afiliados de esta generación (los nacidos entre 1978 y 1999) defienden una reforma del sistema de pensiones. Entre los partidarios de la reforma, algo más de la mitad –54% – cree que debe ser profunda, que cambia la forma en que funciona el sistema actual, frente al 27% que se inclina más por cambios parciales limitados a algunos parámetros del sistema. . .

Si antes de la pandemia era necesaria una reforma importante, lo es aún más ahora. Es necesario estabilizar el sistema en el corto y mediano plazo, actuando ahora, para corregir el déficit existente. Pero, paralelamente, es necesario aplicar mecanismos automáticos que blinden el sistema de reparto frente a los cambios demográficos, económicos y sociales, como lo han hecho otros países europeos que son referentes de su estado de bienestar.

Nuestro país debe sumarse a quienes han entendido que, sin pilares robustos de seguridad social pública y complementaria, no podremos aspirar a pensiones sostenibles, suficientes y equitativas. Entre los elementos de este “sistema mixto”, se debe considerar, en el Pilar I de las pensiones públicas de reparto, cuentas teóricas. Este sistema tiene en cuenta la cotización del trabajador a lo largo de su vida laboral para calcular su pensión pública, favoreciendo el equilibrio automático entre cotizaciones y prestaciones en el sistema público de pensiones.

En segundo lugar, es necesario impulsar el Pilar II, de planes complementarios de empleo y cesión cuasi-obligatoria (por defecto, inscripción automática) de trabajadores (asalariados y autónomos) a un sistema de cotización definida para la capitalización de planes de pensiones ocupacionales a través de convenios colectivos.

El reciente aumento de los límites de cotización a los planes de pensiones ocupacionales y la intención de poner en marcha iniciativas legislativas para que el mayor número posible de trabajadores disponga de una pensión de empresa complementaria para su jubilación son aspectos muy positivos, aunque deberían ir acompañados de incentivos fiscales para empresas y trabajadores. .

Pero también es importante incentivar el ahorro individual a través de planes de pensiones u otros instrumentos de ahorro, lo que constituye el Pilar III del sistema. Desalentar fiscalmente los planes de pensiones individuales aprobados en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 constituye un perjuicio para los autónomos y las pymes, porque el desarrollo del segundo pilar para este colectivo no se producirá de la noche a la mañana. Por tanto, toda esta población ocupada que se encuentra fuera del sistema de seguridad social empresarial debe ser posible acceder a los sistemas de pensiones individuales en las mismas condiciones y requisitos que cualquier otro trabajador.

Solo desarrollando los tres pilares, como lo han hecho los países de la UE que deberían servir de modelo en materia de pensiones, lograremos un sistema de seguridad social para la jubilación que sea sostenible, justo y capaz de proporcionar pensiones suficientes y dignas a los jubilados. presente y futuro.

Luis Vadillo, director del Instituto de Pensiones BBVA.



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