Actualizado: 08.30.2021 18:29 h.

los Juzgado Contencioso Administrativo número 8 de Barcelona ha obligado a la Iglesia Católica a pagar el Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria (IBI) para el alquiler de un edificio de su propiedad a un sociedad comercio.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha celebrado la resolución y ha destacado que por primera vez la justicia se pronuncia a favor de la colección de esta tributo municipal a la Iglesia.

22.368 euros de IBI

los Institut Municipal d’Hisenda notificó a una congregación local que pagara 22.368 euros por IBI por los ingresos derivados del alquiler de una propiedad en 2019.

La comunidad interpuso recurso administrativo contra este asentamiento, el cual fue rechazado por la Concejalía de Comercio, Mercados, Consumo, Régimen Interno y Finanzas del Ayuntamiento. Luego, la entidad religiosa elevó el expediente ante los tribunales, que emitieron su sentencia el 22 de julio.

Argumentos legales

El consistorio defiende que la congregación esté inscrita en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) al ejercer una actividad -la práctica docente- por la que percibe un retorno económico.

Por su parte, la congregación religiosa alegó que, al ser este edificio destinado a una función educativa, se incluyó en el razones para la exención recogido en la ley que regula el régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro, así como en el Concordato entre España y la Santa Sede de 1979.

“Ayuda ilegal”

El tribunal ha rechazado este argumento por considerar que la congregación está realizando una actividad económica y no educativa. Al recibir rendimientos económico de su herencia, la Iglesia debe pagar el IBI del local.

De lo contrario, el Ayuntamiento considera que se está violando la ley comunitaria: “Sería un ayuda estatal ilegal prohibido por la legislación de la Unión Europea, tal y como ha reconocido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en varias ocasiones. La corporación considera que los criterios seguidos en esta sentencia serían aplicables a todo tipo de confesiones religiosas, entidades sin fines de lucro y asociaciones declaradas de interés público.