La sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, en una imagen de archivo.
La sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, en una imagen de archivo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que las hipotecas referenciadas al IRPH no serían abusivas por el mero hecho de que las entidades no informaron sobre cómo se calculó este índice o no entregaron un folleto informativo con su evolución anterior . Luxemburgo apoya así el argumento esgrimido por el Tribunal Supremo en octubre del año pasado, cuando dictaminó que este tipo de préstamos, aunque no eran tan transparentes como debían, tampoco eran abusivos.

El IRPH es un índice para calcular el interés cuyo uso fue minoritario y que siempre resultó más caro que el Euribor (el mayoritario). El pasado mes de marzo, una vez que el TJUE aceptó varias sentencias preliminares al respecto, la Audiencia Nacional paralizó estos asuntos a la espera de una nueva sentencia de la Justicia europea.

La sentencia conocida este jueves, y de fecha 11 de noviembre, resuelve precisamente las primeras cuestiones preliminares que le llegaron, desde el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona. Con sus preguntas, el magistrado Francisco González de Audicana, sometió al criterio de Luxemburgo algunos de los argumentos con los que el Tribunal Supremo había validado las hipotecas con el IRPH.

No reportes el índice porque está publicado en el BOE

La respuesta que ha llegado desde Europa es que sí es posible analizar la abusividad de una cláusula aunque no sea transparente (es decir, la ausencia de transparencia no implica automáticamente su abusividad) y que no era necesario incluirlo en la información precontractual o una definición exacta del índice o detallar su evolución, tal y como se publicaba periódicamente en el Boletín oficial del estado, como señaló en su día el Tribunal Supremo.

Sin embargo, la orden del TJUE insiste en que, aunque esto no era necesario, era necesario que “un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, estuviera en condiciones de comprender el funcionamiento específico del modo de cálculo del índice de referencia “. Y que, con ello, esa persona podría evaluar” las consecuencias económicas potencialmente significativas de dicha cláusula sobre sus obligaciones financieras “.

La sentencia europea sí responde positivamente a una de las cuestiones planteadas por el juzgado de Barcelona, ​​en el sentido de que la directiva europea de protección al consumidor exige, en el caso de que se declare nula una cláusula sin la cual el contrato no puede subsistir, dar dos opciones al prestatario. .

Aclara la situación después de medio año de disputas

La primera opción es que se declare desierto el contrato, con lo que ello conlleva (supondría tener que devolver todo lo que sobra del préstamo de una vez); la segunda es que el juez establezca un índice de cálculo de intereses sustitutivos, de acuerdo con lo que determine la legislación nacional. Y agrega, en respuesta a otra pregunta prejudicial, que una vez establecido ese índice sustituto, los bancos solo deberán devolver al consumidor la diferencia en los montos que pagó en exceso como si se hubiera aplicado el nuevo método de cálculo desde el comienzo del contrato.

La Justicia europea despeja así un poco el horizonte para este tipo de asuntos, paralizados desde hace más de medio año. Según la asociación de usuarios financieros Asufin, solo en el Tribunal Supremo habría unos doscientos casos pendientes de sentencia. Y aunque el fallo conocido este jueves a priori Hace posible la interpretación del Tribunal Superior sobre el tema, las organizaciones de consumidores creen que el juego no ha terminado.

“Nos da esperanzas de seguir luchando, ya que se puede demostrar que la cláusula que introduce este índice en las hipotecas es abusiva”, valoran en Asufin. No está claro si la próxima etapa del largo recorrido judicial que lleva a cabo el controvertido IRPH tendrá lugar en Madrid o en Luxemburgo. El TJUE aún tiene que pronunciarse sobre otras 16 cuestiones preliminares planteadas por la jueza Carmen Robles Zamora del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ibiza.