Comisionado José Manuel Villarejo, el 13 de octubre cuando salió de la Audiencia Nacional luego del inicio del primer juicio por Operación Tándem.
Comisionado José Manuel Villarejo, el 13 de octubre cuando salió de la Audiencia Nacional luego del inicio del primer juicio por Operación Tándem.Alberto Ortega (Europa Press)

BBVA ha entregado a la Audiencia Nacional el informe final de la investigación interna sobre las presuntas irregularidades en la labor desarrollada por el comisario José Manuel Villarejo para la entidad financiera entre 2004 y 2017, y por la que el policía retirado se embolsó 10,3 millones de euros. . El documento, elaborado por la consultora PwC y al que ha tenido acceso EL PAÍS, concluye que al menos 11 directivos -de ellos, nueve ya imputados por el juez Manuel García-Castellón- participaron en la firma de los contratos, la convalidación de la servicios y pagos a la sociedad Cenyt, epicentro del tejido empresarial del presunto jefe de la red parapolicial. Tres de los nombrados continúan trabajando en el banco.

Entre los citados, además del exjefe de Seguridad, Julio Corrochano, se encuentran el entonces titular de Recursos Humanos, Ángel Cano, quien posteriormente fue nombrado consejero delegado de BBVA; el director de finanzas, Javier Malagón; el jefe del Departamento de Contabilidad, Ricardo Gómez; y Antonio Béjar, responsable del Área de Riesgos en España y colaborador de la Justicia. En este fragmento del macroresumen del Caso Villarejo, se imputan a una veintena de personas, incluido el propio Villarejo, el expresidente González y BBVA como persona jurídica. Entre las víctimas de estos espionajes ilegales se encuentran periodistas, empresarios y políticos.

El informe entregado este viernes por la entidad financiera al juez García-Castellón complementa dos informes anteriores de la investigación interna que BBVA incorporó al caso en julio y diciembre de 2019. “En este informe, PwC consolida y desarrolla los dos informes anteriores, planteando su conclusiones a final ”, destaca la carta del banco que lo acompaña. A lo largo de 102 páginas, el documento analiza siete contratos firmados, entre diciembre de 2004 y junio de 2016, entre la entidad y la empresa Villarejo bajo conceptos tan genéricos como “servicios de análisis de información” o “análisis y vigilancia en materia de seguridad del medio ambiente en general”. La conclusión del informe es que en todos ellos se produjeron numerosas irregularidades que vulneraron tanto los procedimientos internos de contratación de BBVA como, en el caso de algunos directivos, los códigos de conducta en materia de adquisición de bienes y servicios.

El documento pone el foco principal en el exdirector de seguridad del banco, Julio Corrochano, a quien identifica como la persona que firmó cinco de los siete contratos analizados, además de ser el responsable de verificar, junto con otros ejecutivos, la mayoría de ellos. . Corrochano, quien ocupó altos cargos en la Policía Nacional durante su tiempo como comisionado, también figura como la persona que autorizó los pagos de cuatro de estos contratos. Junto a él, la investigación apunta a Ignacio Pérez Caballero, entonces director del Área de Riesgos del Banco, como la otra persona que firmó al menos un contrato con las empresas de Villarejo. Pérez Caballero también aparece como verificador de las obras de un contrato. En esta última función, el informe también apunta a Cano, Béjar, el director de Riesgos del Grupo BBVA, Manuel Castro, y dos agentes de seguridad, Nazario Campos y Laura Crespo. Los dos últimos siguen trabajando en el banco, según confirma la entidad. Crespo es una de las 11 personas señaladas por el informe que no está imputada en el caso.

Finalmente, como responsables de autorizar los pagos, el documento cita, además de Corrochano y Pérez Caballero, nuevamente a Cano, Béjar y Castro. Junto a ellos, el informe también identifica a otros cuatro ejecutivos con esta función: Ricardo Gómez, la contable Beatriz Aguiriano e Inés Díaz Ochagavía, actual jefa de seguridad del banco. Díaz Ochagavía presentó en julio de 2020 una carta en la que cuestionaba las conclusiones de uno de los informes preliminares de PwC en el que se le señalaba como responsable de la verificación y pago de 20 facturas a la empresa Villarejo por un total de 1.36 millones de euros.