Obras de asfalto en Castellón, el 13 de agosto.
Obras de asfalto en Castellón, el 13 de agosto.Ricardo Rubio / Europa Press

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a 12 empresas con 61,28 millones de euros por la formación de un cartel que alteró el resultado de las licitaciones de los servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado con el Para distribuir los contratos, el regulador informó este viernes.

El cartel obtuvo 71 de las 101 ofertas del Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transporte) entre 2014 y 2018. Las empresas sancionadas participaron sistemáticamente en todas las ofertas pactadas, restringiendo el número de ofertas acordando retiros por encima de un umbral predeterminado para evitar otros de las empresas podrían presentarse. Estas prácticas se organizaron en reuniones “para tomar café”, donde las empresas del cartel establecieron periódicamente los criterios para coordinar las ofertas económicas en las licitaciones públicas de servicios estatales de mantenimiento vial.

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Las sociedades sancionadas son Acciona Mantenimiento (y solidariamente su matriz Acciona), Aceinsa, Alvac, API Movilidad (y su matriz ACS), Audeca (y su matriz Elecnor), Copasa, Elsamex, Elsan (y su matriz OHL), Ferroser (y su matriz Ferrovial), Innovia (y su matriz Copcisa), Matinsa (y su matriz FCC) y Sacyr Conservación (y su matriz Sacyr). La sanción impuesta responde a una infracción muy grave, prohibida por el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Además de las multas, se prohibirá a las empresas contratar con la Administración. Sin embargo, esta sanción suele ser evitada por empresas que presentan recursos judiciales que paralizan la imposibilidad de presentarse a licitaciones públicas. Varias de estas constructoras ya fueron sancionadas en 2019 por la CNMC por formar un cartel para distribuir las obras del AVE, pero lograron que la Audiencia Nacional suspendiera la sanción como medida cautelar.

Coordinación de ofertas

El cartel agrupó las diferentes licitaciones en grupos para los que se acordaron criterios comunes para la presentación de ofertas económicas. Asignó una “bolsa” de puntos por cada grupo de licitaciones que estaban consumiendo las empresas en función del nivel de descuentos en el presupuesto de contratación. Cuanto mayores eran las pérdidas que presentaban en sus respectivas ofertas económicas, más puntos gastaban, aplicando una fórmula diseñada específicamente por el cartel para cada grupo de contratos. De esta forma, se limitó el número de contratos en los que las empresas presentaban altos descuentos en cada grupo de licitaciones, ya que el número de puntos en la bolsa nunca fue suficiente para intentar ganar todos los contratos de cada grupo.

Este sistema animó a cada empresa del cartel a concentrar sus posibilidades de adjudicación en un número limitado de licitaciones, presentándose en el resto de licitaciones con escasas o nulas posibilidades de adjudicación, convirtiéndose así en ofertas de cobertura.

Las empresas también acordaron el umbral de descuento para estas ofertas de cobertura y se comprometieron a presentar ofertas en todas las licitaciones de cada grupo. De esta forma, se logró alterar el umbral de anormalidad (calculado en base a las ofertas presentadas en cada licitación) y se logró que las ofertas de empresas realmente competitivas fuera del cartel fueran excluidas del proceso de contratación.

El sofisticado sistema diseñado por las empresas fue adaptado a los sucesivos cambios en los pliegos de contratación introducidos por la administración. La mecánica de funcionamiento era particularmente compleja, lo que facilitaba el seguimiento de su cumplimiento y dificultaba enormemente su detección.

70% de premios de desarrollo

La CNMC ha podido acreditar que el cartel operó entre febrero de 2014 y diciembre de 2018, aunque se han detectado conversaciones desde 2009. Las empresas participantes se adjudicaron 71 licitaciones de un total de 101 que fueron emitidas por Fomento relacionadas con la prestación de servicios de conservación. servicios de carreteras El importe total de adjudicaciones a empresas del cartel superó los 530 millones de euros, el 63% del importe total adjudicado por la Consejería para los servicios de conservación de la Red de Carreteras del Estado, lo que da una idea del impacto y alcance de este cartel. .

En octubre de 2017, la CNMC recibió información anónima advirtiendo de la posible existencia de un cartel que afectaba el mercado de prestación de servicios de mantenimiento y operación de carreteras. Tras las inspecciones realizadas en diversas sedes de las empresas que formaban parte del cartel en 2018, en julio de 2019 se inició un procedimiento sancionador contra 13 empresas y en diciembre de 2020 se incluyó a Ferrovial Servicios en el mismo proceso sancionador, que finalmente no ha sido sancionado como el autor, pero como solidariamente responsable de la conducta de su filial (Ferroser).

Multas y prohibición de contratar con la administración

La especial complejidad y nocividad del cartel para el interés general ha sido considerada por la CNMC como un agravante a la hora de establecer el importe de las multas. La empresa Aceinsa se ha beneficiado de una reducción del 50% sobre el total de la multa impuesta al haber aportado pruebas que han permitido a la CNMC detectar y probar la existencia del cartel. Además, a esta empresa no se le ha aplicado el agravante, ya que se ha considerado que su valiosa colaboración a través del programa de clemencia hace que no se pueda considerar que haya establecido mecanismos para garantizar la ejecución de la conducta. Por tanto, la multa impuesta a Aceinsa ha sido de 1,6 millones de euros. Además, Aceinsa no se ha incluido en la prohibición de contratar con administraciones públicas.

La CNMC ya sancionó a 15 empresas en marzo de 2019, incluidas filiales de algunas de las constructoras españolas más importantes, por formar varios cárteles para distribuir licitaciones públicas de infraestructuras ferroviarias de Adif por valor de más de 1.000 millones de euros a lo largo de 14 años. Entre ellos tuvieron que afrontar una multa de 118 millones de euros, que se reparte entre Elecnor, Siemens, Indra, Isolux, Inabensa (Abengoa), Alstom, Telice, Comsa, Neopul (Sacyr), Eym (OHL), Citracc y las filiales. de ACS Cobra, Semi, Cymi y Electren.