El Juzgado de Barcelona ha respaldado la decisión del juez de Caso de Voloh de enviar a la Audiencia Nacional a los miembros del Medio Ambiente del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el “Estado Mayor” que organizó el referéndum de secesión ilegal del 1-O, ante los indicios de que formaban parte de la “estructura organizativa” de la plataforma. Tsunami democrático, promotor de movilizaciones contra la sentencia a los líderes de la tu procesas,

En un coche, al que ha tenido acceso Efe, el tramo 21 de la Audiencia de Barcelona desestima el recurso de casación interpuesto por las defensas contra la remisión del caso a la Audiencia Nacional, a la que se sumó la Fiscalía por considerar que la decisión del juez carecía de “la más mínima motivación fáctica y jurídica”.

Desvío de fondos para el ‘procés’

En un caso que permanece en secreto, la Audiencia Nacional lleva investigando desde 2019 por signos de terrorismo a la plataforma anónima Tsunami Democràtic, que organizó las principales protestas contra el fallo de los líderes del proceso secesionista, incluida la ocupación del aeropuerto de Barcelona o los cortes en la autopista AP-7.

El juez de la Caso de Voloh, que investiga el presunto desvío de fondos públicos al entorno de Puigdemont, decidió el pasado mes de junio remitir a la Audiencia Nacional a seis de los investigados, concluyendo que fueron parte de la cúspide del tsunami.

Empresarios bajo sospecha

Son como las tres empresarios miembros de la denominada “Stat Major” (Staff) que organizó el 1-O – el ex-empleado de ERC Xavier Vendrell, el exlíder de Convergència (CDC) David Madí y Oriol Soler, junto a ERC–, así como el historiador Josep Lluís Alay, responsable de la oficina de Puigdemont y secuaz de la ex presidente prófugo de la justicia, a quien acompañaba cuando en marzo de 2018 fue detenido en Alemania.

También entre los investigados por Tsunami se encuentra el informático de Waterloo Jaume Cabaní, a quien el juez vincula transferencias de fondos a Puigdemont utilizando criptomonedasy la activista de ERC Marta Molina.

“Actividades criminales”

Para el Público de Barcelona, ​​desde Caso de Voloh existen “indicios suficientes” de que algunas de las personas investigadas “están integradas en la estructura organizativa de Tsunami Democràtic y participarían principalmente en actividades delictivas organizadas dirigidas a la movilización masiva Independencia social, al servicio del fin perseguido “.

El juzgado, que descarta que se haya vulnerado el derecho del imputado a un proceso con todas las garantías, recuerda que Tsunami está siendo investigado por “presuntamente promover y llevar a cabo múltiples episodios violentos y coercitivos“y que, dadas las” dimensiones “de sus actividades,” requería organización, planificación, jerarquía, uso de redes sociales y aplicaciones para dispositivos “.

En este sentido, destaca que la delito de terrorismo, competencia de la Audiencia Nacional, Abarca tanto a las personas que son integrantes de bandas armadas para la realización de actos delictivos, como a quienes “cooperan en ellos o hacen participar en ellos”.