Hay dos escenarios que maneja la Xunta después de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia anulara este jueves la obligación del pasaporte covid de acceder al interior de la hostelería y son la devolución de ese documento formal o la devolución de las galgas anteriores a su uso.

El cronómetro se puso en marcha el viernes cuando los servicios jurídicos del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo solicitaron al órgano judicial el aval obligatorio bajo la tutela de la fundación sanitaria, de la supremacía del interés general en materia de protección de la salud pública. .

El tiempo de espera tiene fechas, ya que si los tres magistrados que han iniciado la deliberación aceptan la exhibición de esta documentación para cafeterías, bares y restaurantes de ayuntamientos con máximo y alto nivel de restricciones, así como en locales de ocio nocturno en zonas con niveles medio y medio bajo, todo quedará como estaba en el orden del 22 de julio.

Si, por el contrario, la respuesta va en la línea de Andalucía, Cantabria y Canarias, donde la justicia ha desestimado esa medida, a las 00:00 horas del martes entrará en vigor un plan alternativo con recetas ya conocidas, ya que lo haría ser de la devolución de las capacidades totales antes de la utilización de estos vales.

Escenarios desfavorables

El supuesto más desfavorable de este hipotético escenario “b”, en el dormitorio y recogido en el Diario Oficial, sería, en lugar de trabajar al 30 por ciento, el cierre del sector en los municipios que se encuentran en la peor de las situaciones por su malos datos epidemiológicos, actualmente solo O Grove (Pontevedra).

En el siguiente escalón, el alto, donde hay 54 núcleos, entre los que se encuentran las ciudades de A Coruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra y Lugo, pasaría de una capacidad interior del 50% con certificado COVID, de nuevo al 30% sin él.

En cuanto a la vida nocturna, el techo dentro de los niveles medio (69 localidades) y medio-bajo (189) también evolucionaría en un 50%, -con la exigencia en la puerta de verificar que están vacunados, que han pasado la enfermedad o un prueba negativa-; 30%, el que existía.

El Ejecutivo gallego asegura que está a la espera de la resolución del tribunal superior “siendo respetuoso de su criterio” que los certificados dejen de ser necesarios para el control de la transmisión en los interiores del hotel y la vida nocturna, dependiendo del nivel del municipio en cuestión, una vez cancelada la obligación implementada sin la autorización vinculante, según el órgano judicial antes mencionado.

Sin embargo, en una nota enviada a la prensa, la Xunta sostiene que “en su defecto” ha sido necesario desarrollar una serie de medidas alternativas para seguir intentando mantener a raya al virus responsable de la crisis sanitaria y que necesariamente implican una revisión de la situación. la capacidad, previamente ampliada en base al uso del certificado covid.

De todas formas, buscando no causar un mal mayor ni al sector ni especialmente a la población que conocía y manejaba reglas “que pueden cambiar, se determinó un” tiempo razonable “para la correcta difusión y conocimiento, en caso de que la Sala Vacacional del Tribunal Superior de Justicia de Galicia al final no ratifique lo que venía haciendo el lunes. hasta ahora.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confía en que la solución ideada, con una revisión del comité clínico asesor en el manejo de la pandemia en caso de que sean necesarios ajustes, no tiene que establecerse cuando entiende que la mayoría de los países de la Unión Europa recurren a un certificado covid que, en su opinión, no puede utilizarse únicamente para desplazarse en viajes aéreos.

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha dicho, a su vez, que “cuanto menos ruido hagamos, mejor”; y en tal situación hay ruido político.

A la espera del veredicto, la Fiscalía Superior, en el informe preceptivo solicitado por el tribunal y entregado a los medios de comunicación, refrenda el certificado COVID considerando que no condiciona gravemente el derecho a la intimidad personal y que no vulnera el principio de igualdad.

Sobre este aspecto, sabiendo que no todas las bandas han sido vacunadas, el Ministerio Público entiende que afecta a un porcentaje mucho menor de personas que las que pueden beneficiarse.

La Fiscalía sí entiende que es necesario un aval, una garantía, una sentencia, por tanto, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.



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