El inicio del curso político suele traer consigo la exposición de las líneas maestras que en él desplegarán los diferentes agentes sociales. Desde la UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, ha traspasado este miércoles las posiciones del sindicato de cara a los frentes abiertos cuya negociación hay que abordar: la subida (o no) del salario mínimo interprofesional (SMI), el segundo parte de la reforma de pensiones, la ampliación de la ERTE y la derogación de la reforma laboral. Respecto al primero de los temas, sus declaraciones han sido contundentes: no hay motivos para no incrementarlo este año y no firmarán ningún convenio que no incluya una senda de incrementos para los años 2022 y 2023. Álvarez ha colocado a los empresarios en el centro de los desencuentros que han impedido llegar a un acuerdo en las dos reuniones que se han mantenido hasta el momento.

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“Es que no hay un solo argumento válido para que los empresarios no quieran subir el SMI este año”, dijo Álvarez. No obstante, se ha mantenido cauteloso en cuanto a la posición final que adoptará la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), a la que ha pedido colaboración, ya que “cuando entran en los pactos suelen ser más equilibrados”, ha señaló. Fuentes de la CEOE han confirmado a EL PAÍS que el resultado de la comisión organizada por la patronal para este miércoles no ha modificado su posición inicial: no quieren ningún aumento para el año en curso, aunque están abiertos a negociación para los años 2022 y 2023.

La barrera, por tanto, es infranqueable para sindicatos y empresarios en esta etapa del partido. Álvarez ha indicado que solo estarían dispuestos a relajar sus posiciones para 2021 si se establece un acuerdo para los próximos dos años que eleve el SMI a 1.060 euros en 2023. De ninguna manera firmarán un pacto que se limita solo a este año . Y mucho menos si el importe final no se enmarca dentro de los balances solicitados por el sindicato: entre 25 y 30 euros. “Vamos a hacer todo lo posible para que la CEOE firme, y si finalmente decide no hacerlo, tendrá que explicar al público las razones objetivas por las que no lo hace”, ha advertido el líder de UGT.

Si bien todas las fuentes de diálogo social consultadas coinciden en señalar que durante las negociaciones no se discutieron montos concretos, lo cierto es que existen algunas líneas rojas de cada una de las partes. El de los sindicatos es, en boca de Pepe Álvarez, que para 2022 el salario base llega a los 1.000 euros. Si no, y si permanecen congelados este año y que no se establecen acuerdos de futuro, Álvarez ha advertido que no se quedarán quietos. “Habrá movilizaciones y trataremos de hacerlas mayores a las que venimos realizando, aprovechando la mejora de la situación pandémica”, advirtió.

Al mismo tiempo, ha confesado que si no se llega a un consenso con el Gobierno y los empresarios en la negociación del SMI, esto podría alterar su sensibilidad de cara a las próximas reuniones. “Nos generaría una situación de claro malestar”, dijo Álvarez, quien aprovechando las distintas voces (y posiciones) que se han expresado desde el gobierno de coalición, quiso transmitirles un mensaje: “Parece que el El gobierno habla por sí mismo. Que un vicepresidente responda a otro, o que un ministro responda a otro. Espero que pese la palabra del Primer Ministro ”, dijo, refiriéndose a la voluntad expresada hace unas semanas por Pedro Sánchez de que el ascenso del SMI se produzca“ de inmediato ”.

Cierre ilógico

En cuanto al baile de tiempos de la entrada en vigor en septiembre u octubre de un hipotético aumento del salario mínimo para 2021, Álvarez se ha mostrado alejado de esta guerra interna que sostiene la vicepresidenta económica, Nadia Calviño (a favor de retrasarla por un mes, hasta octubre) y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La propia Calviño ha declarado este miércoles, en una entrevista en Onda Cero, que no entendería un cierre de la patronal cuando en unos días las reuniones comenzarán a ampliar el plazo de aplicación de los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE). “No parece lógico que dentro de tres días iniciemos una negociación en la que los representantes empresariales digan que las bonificaciones y beneficios deben extenderse cuando no ha habido un acuerdo. Esto es muy difícil de explicar ”, les reprochó el vicepresidente.

Calviño no fue el único representante del gobierno que habló hoy sobre las negociaciones sobre el SMI. El consejero de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha indicado que una subida “puede afectar a algunos sectores y geografías -una de las propuestas de la patronal es diferenciar el importe del SMI por territorios- de forma acotada. No se puede diseñar una política económica eso beneficia a todos por completo ”. Y agregó:“ Siempre hay que elegir y, al elegir, el efecto agregado de la redistribución del ingreso supera claramente los pequeños costos que puede tener en el empleo cuando uno se maneja a niveles razonables de salario mínimo ”.

Cuestionado por estas palabras, Álvarez ha cuestionado que “los representantes que no están en la mesa de negociación hacen estos comentarios cuando no se trasladan a ella posteriormente”, y ha adelantado que por el momento no existe un cronograma de reuniones establecido para abordar las demás reformas que aún no se han definido.