El juez Alejandro Abascal estudia el embargo de $ 5,7 millones (4,9 millones de euros) del Fundación Ayacucho, una firma ligada al entorno de Raúl Morodo. El juez que investiga los bienes del ex embajador de España en Venezuela, acaba de incorporar al caso el resultado de un carta rogatoria expedida a Suiza en relación a toda la información bancaria de que dispone esta firma. El objetivo es limitar el destino final de la supuesta pagos millonarios y sin justificación aparente que el ambiente del exdiplomático canalizó desde la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA).

De esta forma, el magistrado se traslada a la Fiscalía Anticorrupción para pronunciarse sobre el resultado de la comisión rogatoria, así como la propuesta de embargo que viene, a su vez, de las autoridades suizas. Del documental ahora incorporado al caso, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, se desprende que la Fiscalía Federal en Berna ya acordó el 10 de septiembre de 2019 la cerradura provisional de todos los “valores patrimoniales” a nombre de la empresa en el Banca Zarattinni & Co. por un monto de 5,71 millones de dólares.

El movimiento se produce en el marco de la comisión rogatoria que Santiago Pedraz, un magistrado que entonces lideraba el caso, luchó en septiembre de 2019. En su respuesta, incluida en un pendrive enviado a la Audiencia Nacional a principios de septiembre, la Fiscalía Federal explica que han estudiado toda la documentación bancaria de la Fundación Ayacucho Relativo a la apertura de cuentas, correspondencia, activos y aclaraciones sobre transacciones.

Al respecto, explican que el patrimonio al 31 de diciembre de 2020 ascendía a un total de $ 5.716.497, de los cuales 4,2 millones pertenecen a valores y 1,48 son fondos líquidos. “Dado que el bloqueo de los activos mencionados anteriormente es solo provisionalLe pedimos que solicite mediante carta rogatoria un bloqueo ordinario del patrimonio ”, se lee en la carta del Ministerio Público de Suiza.

Junto con este documental, las autoridades suizas también contribuyen información clave sobre un pago que la Fundación recibió en abril de 2019, apenas un mes antes del estallido de la trama en cuyo epicentro se encuentra el ex embajador de José Luis Rodríguez Zapatero En Venezuela. Los investigadores se enfocaron en la Fundación Ayacucho para el pago de 1,3 millones de euros que canalizó el 2 de abril en sus cuentas suizas. El pago vino de Belcano Investments Inc. Es un negocio vinculado a otro de los grandes protagonistas de la causa: Carlos Adolfo Prada.

La consulta de Alcander

La Policía Judicial ubica a Prada en el entorno más cercano de Alejo Morodo (el hijo del diplomático) y lo implica en el presunto desvío de fondos de la petrolera bolivariana a través de contratos de consultoría ficticios. Los imputados en este procedimiento –a los que se les imputan delitos contra Hacienda, blanqueo de capitales, corrupción en transacciones internacionales y falsedad documental: habrían confiado en empresas fachada para canalizar los fondos que se desviaron a España. Las firmas estarían ubicadas, entre otros lugares, en Panamá o San Vicente y las Granadinas.

El documental bancario facilitado por las autoridades suizas también revela que el pago de 1,3 millones de euros de Belcano Investments a Ayacucho estuvo vinculado a la operación de compra y venta del Consultor Alcander. Esta firma ya estaba en el foco de los investigadores por haber canalizado pagos de la petrolera bolivariana. Según informa el diario El Mundo, UDEF advirtió en relación a esta consultora que recibía fondos de empresas constituidas en el exterior y que estos se utilizaban para “financiar operaciones de compra y venta de bienes inmuebles “.

Las conclusiones a las que llegó la Policía Judicial coinciden con el nuevo documental aportado y que también incluye un acto notarial relativo a la venta del inmueble. Consultora Alcander. La cesión de acciones se produjo apenas un día después de que la Fundación Ayacucho recibiera los 1,3 millones de euros. La escritura se formalizó el 4 de abril de 2019 en Panamá y de ello se desprende que Lakesidp Overseas Ltd (incorporado en 2012 en San Vicente y las Granadinas) vendió acciones de Alcander a Carlos Adolfo Prada Gómez. Ocurre que este socio de Alejo Morodo pagó un total de 1,3 millones de euros por estas acciones, la misma cantidad que ingresó la Fundación Ayacucho el día anterior.

Silencio ante el juez

La incorporación a la causa de todo este material se produce apenas una semana después la ronda de declaraciones acordado por el juez Alejandro Abascal a solicitud expresa de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público solicitó comparecer ante el tribunal una veintena de personas involucrados en el procedimiento, incluido el propio Carlos Adolfo Prada. El ex embajador Morodo, que siempre ha defendido la veracidad de los contratos, permanece en silencio ante el instructor invocando su derecho a no declarar. Su hijo Alejo, hizo lo mismo.

La Fiscalía solicitó la comparecencia de los imputados y también de testigos -entre los cuales se encuentra el ex viceministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos- luego de incorporar documentación bancaria relativo a la causa así como tras el análisis de todo el material incautado en los registros realizados tras el inicio del procedimiento. De la misma forma, advirtió que la causa también tenía la estudio realizado por Hacienda de diversas empresas de las que Alejo Morodo es gerente.

Al completar sus citas, el sindicato Manos limpias (quien ejerce la fiscalía en el procedimiento) solicitó la prisión incondicional de Morodo, alegando que no colaboraba con la causa y que existía un riesgo importante de fuga por su causa. “contactos extraordinarios con Venezuela”. Sin embargo, el juez Abascal declinó el reclamo, asegurando que es “cumpliendo escrupulosamente ” con las apariencias acto de apud que han contratado y también recordando que le retiraron el pasaporte, por lo que no puede salir del país.