El caso contra Salvador Illa por las mascarillas defectuosas que el Ministerio de Salud entregó a los trabajadores de la salud durante la pandemia, pasa a manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El magistrado madrileño que abrió el proceso contra el exministro por posibles Delito contra los derechos de los trabajadores se ha inhibido a favor de este organismo debido a la condición de calibre del actual diputado del Parlament de Catalunya.

En su auto el 15 de noviembre, al que tuvo acceso Vozpópuli, El Magistrado Carlos Valle explica que esta decisión se toma luego de haber consultó sin éxito a la Fiscalía sobre la jurisdicción de la denuncia. El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid abrió expediente el 30 de agosto tras la denuncia presentada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) que atribuía al exministro de Sanidad la responsabilidad última de la distribución entre el personal de salud de la mascarillas no aprobadas en medio de una pandemia.

El magistrado solicitó entonces al Ministerio Público que infórmate sobre la competencia de este órgano para investigar los hechos o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por la condición de la Illa como calibre. Al respecto, solicitó que, si consideraba que había que seguir el asunto en Plaza Castilla, se posicionase a favor o en contra de una posible investigación penal del exministro. En su escrito, también recogido por este medio, la Fiscalía no resuelve las dudas del juez en términos de competencia, pero se limita a oponerse de la apertura de un caso.

El fiscal precisa que los hechos denunciados por el gremio médico ya eran objeto de una investigación en la Fiscalía Provincial de Madrid y, por ello, se solicitó el expediente de la denuncia. Sin embargo, el juez le reprocha no pronunciarse sobre el asunto y responde que su solicitud de archivar la denuncia Es imposible” porque esa decisión deberá ser tomada por “el organismo competente”. “En consecuencia, el proceso debe remitirse al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”, sentenció el magistrado.

Lote de 24 millones de euros

De esta forma la denuncia aterriza en un tercer organismo judicial ya que inicialmente fue presentado ante la Corte Suprema. El gremio médico apeló al tribunal superior en abril de 2020, un mes después de que se decretara el primer estado de alarma y en medio de la lucha por erradicar el avance de la pandemia. En su denuncia denunció que el Ministerio de Salud, encabezado por Salvador Illa, firmó un contrato para la compra de 3 lotes de mascarillas a un corredor de insumos de salud por un monto total de 24 millones de euros y sin seguir los procedimientos habituales de licitación pública.

Como resultado, se adquirió un lote de mascarillas FFP2 que no cumplían con la normativa de obligado cumplimiento y que se distribuyeron con mucha rapidez, ya que desde el 5 de abril se empezaron a utilizar entre el personal médico que atendía a los infectados por coronavirus. El CESM reveló que estuvo vigente hasta el 17 de abril sin poder obtener información confiable sobre su número, la proporción en que se distribuyeron las máscaras entre las comunidades autónomas, ni el tiempo que fueron usados por personal sanitario.

El gremio médico se centró en la figura del entonces ministro de Salud, quien fue acusado de dejar funciones y negligencia en relación al riesgo creado para médicos, enfermeras y resto del personal de salud, ya que las mascarillas permitió que el material filtrante penetre versus spray después de 3 minutos y medio. Esto significó que uno de los lotes adquiridos tenía una capacidad para detener la fuga del 70% y no del 90%, que es el mínimo requerido para ese nivel.

Al respecto, manifestaron que las protecciones que debían ser retiradas fueron enviadas a cinco hospitales valencianos (Clínica, Doctor Peset, General de Alicante, Hospital de Orihuela y Hospital de San Joan d’Alacant), mientras que Andalucía informó que había recibido más de 70.000 unidades de estas mascarillas defectuosas. Por tal motivo, solicitaron que no solo se investigue a Illa, sino también los procedimientos de adquisiciones previas, los controles establecidos, los requisitos para su compra y las órdenes de gestión.

Acusación “difusa y genérica”

Esta acción de la CESM ya pasó un primer filtro antes de que la Corte Suprema distribuyera las denuncias en sus tribunales correspondientes. La Oficina de la Corte Suprema Cierre la puerta iniciar cualquier investigación penal contra los entonces miembros del Gobierno, con Pedro Sánchez al frente, por su gestión en los primeros meses de la pandemia. En un informe de más de 300 páginas firmado por el entonces fiscal teniente del tribunal superior Luis Navajas, los inadmisibilidad para el procesamiento de todos ellos al considerar que el Ejecutivo no podía responder penalmente por estos hechos.

El documento concluía que al actual jefe de la oposición de Cataluña se le atribuía responsabilidad penal “claramente difuso y genérico“No por el relato de los hechos, sino por el cargo que ocupaba Illa en el momento de la crisis sanitaria”. Estamos, en definitiva, ante una atribución de responsabilidad penal de carácter objetivo, que se realiza en atención exclusiva al resultado, independientemente de la intervención concreta de los imputados y, por tanto, con manifiesta vulneración del principio de culpabilidad ”, dictaminó entonces la Fiscalía del Tribunal Superior.

La Corte Suprema, por su parte, se pronunció en sentido similar a la Fiscalía, resolviendo que no se podía concluir que las muertes como consecuencia del covid pudieran atribuirse al Gobierno y que, la declaración de que los entonces miembros de la el Ejecutivo son los autores de la delitos de homicidio o lesiones, requeriría probar que el contagio que causó el daño a las víctimas tuvo su origen inmediato en las decisiones u omisiones de todo el Ejecutivo de la coalición. Pese a ello, dio luz verde para que las denuncias sean investigadas en los diferentes tribunales ordinarios, dependiendo de su área de competencia. En cuanto a Illa, el proceso finalizará en el Tribunal Supremo de Cataluña.