El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, durante la reunión de la Mesa de Diálogo Social de este lunes.
El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, durante la reunión de la Mesa de Diálogo Social de este lunes.Ministerio de Trabajo y Economía

El Gobierno pretende incrementar la vigencia de los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) hasta el 31 de enero de 2022, y así ha sido transmitido a los agentes sociales durante la reunión de la Comisión Tripartita que tuvo lugar este martes. Además de ampliar en cuatro meses la posibilidad de que las empresas se acojan a esta herramienta que soporta gran parte de las cuotas de trabajadores suspendidos, todas las situaciones reguladas en los anteriores reales decretos se mantendrán “en general”, según ha informado la Unión UGT. Las negociaciones entre las partes se reanudarán el próximo jueves.

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No obstante, en este nuevo plazo, serán las empresas las que deban solicitar expresamente el aprovechamiento de estos nuevos ERTE antes del próximo 10 de octubre, ya que no se renovarán automáticamente por estar vinculados a la formación. También deberán incorporar la solicitud de prestación por desempleo a los trabajadores. La Administración, por su parte, dispondrá de 10 días para evaluar estas solicitudes y, transcurrido este plazo, en caso de no recibir respuesta, se considerarán rechazadas. Este “silencio negativo” no ha agradado al resto de las partes, ya que consideran que “genera confusión”. En la negociación será decisivo el papel del Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, para mediar entre Escrivá y el empresario.

En cuanto al monto de las exenciones de cotización de los trabajadores afectados -la parte que las empresas deben pagar a la Seguridad Social y que seguirá asumiendo el Estado- deben estar vinculadas a las acciones formativas que la empresa destina a los trabajadores afectados por la ERTE. Además, deben estar programados para ejecutarse entre el 1 de octubre y el 30 de junio de 2022. El consejero de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya había adelantado que el eje central en la continuación de la ERTE más allá del mes de septiembre se estructuraría en torno a De la información. Al 15 de septiembre, 253.000 personas seguían bajo el paraguas de ERTE.

“En todas las prórrogas hemos ido cambiando las prioridades, y en este momento el volumen de las exenciones no es un elemento central ni una prioridad. Ahora tenemos que poner el énfasis en la formación y así lo vamos a plantear con los agentes sociales. Tenemos que intentar que quienes aún están en ERTE mejoren sus conocimientos para que puedan reincorporarse al mercado laboral en mejores condiciones ”, dijo el ministro durante la presentación de datos sobre afiliaciones el pasado jueves.

Obra elabora un plan para los afectados por el volcán de la Palma

A pesar de esta variación en el eje principal de las negociaciones, la delimitación de exenciones sigue siendo una piedra en las conversaciones. El Gobierno pretende seguir “motivando” la recuperación de los trabajadores mejorando las exenciones para las repescas frente a las que permanecen congeladas. Aun así, la última propuesta contempla una unificación de las exenciones del 100% para los ERTE por discapacidad, y del 50% para las empresas con menos de 50 trabajadores en las de limitación, y del 40% para las de mayor plantilla. Paralelamente, se contempla la ampliación de la incorporación del esquema fijo-discontinuo al esquema ERTE que se acordó en la última prórroga de mayo.

La UGT ha reiterado “la necesidad de actualizar el contador a cero” de las prestaciones por desempleo para las personas acogidas a una ERTE, y ha informado al Gobierno de una propuesta para regular la situación de las personas afectadas por el volcán en la isla de La Palma, una propuesta compartido por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Fuentes del Ministerio de Trabajo explican que están ultimando un mecanismo de protección laboral específico para los trabajadores del archipiélago canario frente a las consecuencias provocadas por el volcán, en manos del Gobierno de Canarias.