El Gobierno admite que la factura de la luz que pagan los 10 millones de hogares sujetos a la tarifa eléctrica regulada (tarifa PVPC) aumentará en 2021 un 25,8%: alcanzará los 644 euros anuales frente a los 512 euros que pagaron de media en el año anterior. A pesar de esta escalada de precios que, según todas las previsiones, continuará, el Ejecutivo ha declarado que no intervendrá en los precios de la electricidad mediante la fijación de techos máximos o el sistema de piscina con el que se fijan los precios mayoristas de la electricidad.

Así lo reveló la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su comparecencia el lunes por la tarde en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de esta espiral ascendente en el precio de la electricidad, cuyo costo mayorista batió este lunes un récord (124,45). euros el megavatio hora), que se volverá a pulverizar mañana hasta alcanzar los 130,53 euros.

Pese a este incremento, Ribera dejó en claro una serie de líneas rojas que no está dispuesto a traspasar, tal y como solicita su socio de gobierno Unidos Podemos, otros grupos políticos de oposición y organizaciones de consumidores. Los precios finales pagados por el consumidor no intervendrán; no impondrá precios máximos ni mínimos; no modificará el sistema de subastas para fijar el precio mayorista o su mecanismo de precio marginal; y no discriminará a ningún tipo de energía (nuclear e hidroeléctrica, en particular) porque violaría las normas europeas.

El ministro enfatizó que los precios mayoristas de la electricidad, que se han triplicado con respecto a hace un año, son solo una parte de la factura (alrededor del 24%), por lo que su aumento no se traslada directamente a la factura. Por todo ello, pidió no recurrir al alarmismo. Además, aseguró que, a pesar de las últimas subidas, la tarifa regulada sigue siendo un 20% más barata que la tarifa libre (la que establecen libremente las empresas con los clientes que la contratan).

Sin embargo, acusó a las empresas eléctricas de haber mostrado “poca empatía social” en este período de continuo aumento de precios, y advirtió, en referencia expresa a las centrales hidroeléctricas, que han sido acusadas del vertido masivo de los pantanos buscando mayores precios de electricidad, que modificará la Ley de Aguas para prevenir este tipo de comportamientos.

Ribera reiteró las dos medidas estructurales que el Gobierno tiene sobre la mesa para rebajar la factura en torno a un 15% en los próximos años. La primera es una fórmula para reducir el llamado ganancias extraordinarias “Utilidades del cielo” que reciben las centrales eléctricas no contaminantes, principalmente nucleares e hidráulicas, por el aumento de CO. La segunda es la creación de un fondo (Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico o FNSSE) para remover el costo de las primas de renovables desde la recepción en los próximos cinco años, y distribuirlo entre todos los comercializadores de energía, incluidos el gas y los hidrocarburos. Sin embargo, la fórmula elegida para impulsar ambas medidas, el proyecto de ley, retrasará su entrada en vigor, y ha provocado que vuelen chispas entre los socios del Gobierno: Unidos Podemos haber pedido al PSOE que agilice su tramitación mediante decreto.

[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]