La Fiscalía del Estado ha apoyado este viernes ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta la legalidad de proceder ante el retorno de menores a Marruecos a través del Acuerdo de 2007 firmado con Rabat debido a la “situación excepcional” que atraviesa la ciudad española tras la crisis vivida en mayo con la entrada irregular de unas 12.000 personas.

En su escrito de alegaciones, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía ve vicios de forma en la medida cautelar solicitada por la Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces en los juzgados de Ceuta que paralizó la repatriación de un grupo de menores, decisión a la que siguió la suspensión de todos los retornos adoptada por las autoridades locales. En concreto, se refieren a que estas cautelas fueron solicitadas “sin previa interposición de recurso”.

Los Servicios Jurídicos del Estado también recuerdan que en la devolución de menores no acompañados “han asistido dos administraciones”, es decir, la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Delegación del Gobierno, y reprocha que “sólo una ha podido tramitar alegatos, por lo que un material se está provocando la indefensión “.

Emergencia humanitaria

La carta indica que en la orden, el juez no realiza “una ponderación del interés general” requerida por la ley, y califica de excepcional la situación de Ceuta. “El auto ahora presentado omite toda referencia a la consideración detallada de la grave alteración de los intereses generales o de terceros que en el presente caso concurren de manera notoria”, enfatiza.

Y explica que se refiere al “más que verificado situación de excepcionalidad, anormalidad y emergencia humanitaria“de Ceuta, con 758 menores que se encuentran en centros temporales locales, y con otros 400 o 500 que deambulan por la ciudad sin control y protección y que pernoctan en campamentos” expuestos a todo tipo de riesgos sociales, sanitarios, morales y físicos, incluyendo poner en riesgo su vida. “

El State Bar también da cuenta de la diferentes reuniones familiares que se han llevado a cabo y señala que según declaraciones de representantes del Gobierno de Marruecos y de la Agencia L’Entraide Nationale, que ha actuado como mediadora, hasta un total de 561 menores han regresado voluntariamente a Marruecos y han sido devueltos a su entorno familiar.

El papel de Ceuta

Tras explicar la situación en Ceuta, los servicios legales del Estado indican que en el proceso se ha omitido la debida audiencia de las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta a pesar de que es él quien desarrolla “la parte principal del procedimiento de solicitud del Acuerdo Internacional de 2007 alcanzado con el Reino de Marruecos, en vigor desde 2012”.

Recuerde que esta administración es la que tiene las competencias en materia de asistencia social para menores no acompañados y es quien tiene la tutela de estos menores en situación de abandono, por lo que es la que “debe adoptar las medidas de protección necesarias para su guardia “. Y es importante señalar que, en cualquier caso, la situación actual “justifica” la aplicación efectiva del acuerdo de 2007.

Asimismo, profundiza que contrariamente a lo que sostienen las asociaciones recurrentes, es suficiente marco legal proceder a la devolución de menores porque la ley ‘sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social’ establece que “el Gobierno promoverá el establecimiento de Convenios de colaboración con los países de origen (…) y las Autonómicas Se informará a las comunidades de dichos acuerdos “. Por tanto, es importante señalar que el acuerdo con Marruecos tiene “el mismo alcance” que el contemplado por la ley de inmigración.

En este sentido, recuerda que El papel de Ceuta es determinar qué menores se encuentran en situación de vulnerabilidad, y “garantizar un análisis individualizado de la situación de los menores a través de sus medios o en colaboración con la fundación SAMU”.

Y ante esta labor de triaje y valoración individualizada que le corresponde a Ceuta, añade, “se estableció que estas autoridades deben proceder a establecer las actuaciones administrativas previstas en el artículo 5 del Acuerdo de retorno de 2007”.

“Tras un análisis por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta de las circunstancias personales y familiares de cada menor, se han elaborado diferentes grupos de menores, garantizando que los vulnerables, los que carecen de padres o que tienen alguna situación que los desaconseje traslado, permanecer en Ceuta, garantizando también que todos los menores que regresen sean de nacionalidad marroquí ”, aclara.

El papel de la Delegación

El Fiscal del Estado recuerda al hilo que el rol de la Delegación del Gobierno en este proceso fue realizar el traslado a través de la Policía Nacional de estos menores, ya que es quien tiene competencia en materia fronteriza.

Tras esto, y dado que Ceuta no ha sido llamado a alabar, indica que esto “dificulta la acreditación de la existencia de un procedimiento administrativo previo y un conjunto de actuaciones administrativas previas a la elaboración de las listas de menores no acompañados. “La falta de apariencia de una” ruta de facto “se crea por la falta de justificación de un trámite administrativo previo que no responde a la realidad”, dice.

Por este motivo, es interesante que antes de pronunciarse sobre el levantamiento, modificación o mantenimiento de la medida cautelar, “el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta se remita al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta para alegatos”.

Bloque de devoluciones

Además, el Colegio de Abogados sostiene que procede levantar la medida cautelar, la suspensión de devoluciones, porque se llevaron a cabo con cobertura legal “adecuada y suficiente”. Defiende así la vigencia del acuerdo de 2007 con Marruecos, “citando lo establecido en la Ley 25/2014, de Tratados y otros Convenios Internacionales”.

Insiste en que Ceuta ha realizado el trámite de este convenio “con el fin de respetar en todo momento los intereses y derechos de los menores y garantizar en cada caso las condiciones de reagrupación familiar efectiva del menor o su entrega a una institución tutelar”. Y recuerda que Marruecos garantiza los derechos de los menores hasta que sean entregados a sus padres lo antes posible, y si no hay padres, L’Entraide Nationale se hará cargo de ellos.

A ello agrega que la información sobre la situación de los menores fue trasladada al Ministerio Público, en atención a las facultades de tutela y protección que se le atribuyen. Y especifica que la lista con los primeros 15 menores se entregó el 13 de agosto y que posteriormente ese mismo día se envió un nuevo documento por correo con 10 listas que representan un total de 145 personas.

El escrito va acompañado de un total de ocho documentos, entre los que se encuentra la respuesta que el Ayuntamiento de Ceuta ofreció a la Fiscalía, la comunicación de la Delegación del Gobierno a la Fiscalía de 12 de agosto, el acuse de recibo de la Fiscalía, la solicitud de devolución de los menores, la comunicación de la Secretaría de Estado de Seguridad de 10 de agosto, la primera lista de menores que se envió, la ampliación de esas listas y la comunicación del Ministerio Público con la Delegación del Gobierno en Ceuta.