Alemania advirtió a España en 2020 que “en caso de ubicación” del presidente catalán fugitivo Carles Puigdemont sería “muy improbable” mantenerte bajo custodia “para cualquier procedimiento de entrega”, de acuerdo con la legislación nacional y debido a la inmunidad diplomática de la que gozaba el líder independentista en su momento como diputado al Parlamento Europeo.

Así se afirma en un documento de 18 de febrero de 2020 de la División de Cooperación Internacional del Ministerio del Interior, al que ha tenido acceso Europa Press, que Trabajar en el marco de la pieza de la situación personal de Puigdemont en el Tribunal Supremo.

Según el texto, las autoridades alemanas argumentaron que “según el Ministerio de Justicia” de ese país “la persona buscada” disfruté “inmunidad diplomática como miembro del Parlamento Europeo” hasta que fue planteada por dicha Cámara.

Además, Alemania explicó que de acuerdo con la legislación nacional “en caso de localización” haría “Es muy poco probable que mantenga a esta persona bajo custodia para cualquier procedimiento de entrega”.

En abril de 2018, el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein en el norte de Alemania emitió una fianza para 75.000 euros para Puigdemont e indicó que la extradición solo era posible por el delito de malversaciónpero no rebelión.

Suiza dijo que no en 2017,2018 y 2019

Alemania no ha sido el único país que ha mostrado su negativa a entregar Puigdemont. Suiza informó a España en 2017, 2018 y 2019 que se negaría a entregar al expresidente catalán Carles Puigdemont, al considerar los hechos descritos en la orden de detención y entrega emitida por el Tribunal Supremo. “no constituyen un delito extraditable a primera vista, según la ley suiza” Y qué “parece ser un crimen político”.

Así se constata también en los documentos de la Unidad de Oficina SIRENE de la División de Cooperación Internacional del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso Europa Press, adelantados por elMon.cat. El primero fue enviado el 6 de noviembre de 2017; el segundo, el 23 de marzo de 2018; el tercero, el 14 de octubre de 2019.

Fuentes legales han confirmado a Europa Press que El país alpino descartó en ambas ocasiones la posibilidad de tramitar la orden de detención española. Fuentes del procedimiento han precisado que el Tribunal Supremo no ha realizado ninguna solicitud concreta a las autoridades suizas.

El 6 de noviembre de 2017, el mensaje fue claro: “Según la legislación suiza, los hechos descritos no constituyen un delito que dé lugar a extradición”. Ese día Puigdemont y los ex concejales huidos fueron puestos en libertad con medidas cautelares tras casi 14 horas de detención en la Fiscalía de Bruselas mientras la justicia belga resolvía las órdenes de aprehensión. En comunicaciones posteriores, Suiza insistió en su posición.

El país alpino se pronunció nuevamente el 23 de marzo de 2018, cuando el juez de instrucción de la causa del ‘procés’, Pablo Llarena, dictó la orden de concluir el sumario y el procesamiento de varios líderes independentistas, entre ellos Puigdemont. Esa misma semana, el magistrado activó una orden de aprehensión contra el expresidente y varios ex concejales huyeron.

En esa ocasión, Suiza pidió a España que presentara “una descripción más precisa de los hechos” que se atribuyen a Puigdemont, considerando que la información aportada no aportaba la condición de urgencia para su entrega establecida en el artículo 16 del Convenio Europeo de Extradición.

La tercera respuesta del país suizo tuvo lugar el día en que el Tribunal Supremo dictó la sentencia contra el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los otros doce dirigentes del ‘procés’ juzgados por la Sala Penal. Ese mismo día, el juez Llarena emitió una nueva orden de aprehensión.

Suiza luego afirmó que “Los hechos descritos no constituyen, a primera vista, un delito que dé lugar a extradición, según la legislación suiza”. Y agregó que estos hechos parecían ser “un delito político” o “un delito relacionado con un delito político”. “Por esta razón, una solicitud formal de extradición probablemente estaría dentro del alcance de la excepción del artículo 3 del Convenio Europeo de Extradición”.

Como se indica en dicho artículo, “no se concederá la extradición si el delito por el que se solicita es considerado por la Parte requerida como delito político”.o hecho relacionado con algo de esa naturaleza “.

Lituania consultaría a la Fiscalía

Lituania también envió comunicación a España. Lo hizo el 17 de octubre de 2019 para informar que el caso Puigdemont debía ser “consultado” con la Procuraduría General de la República de ese país para “confirmar” que la orden de arresto y entrega fue “cumplimiento ejecutable” con la legislación lituana, según otro documento de la División de Cooperación Internacional del Ministerio del Interior.

En el resumen del artículo sobre la situación personal de Puigdemont que Se sigue en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso Europa Press, incluyen tanto la Orden Europea de Detención (OED) como la Orden Internacional de Detención (OID) recibidas por Interpol, además de las correspondientes órdenes de registro y detención remitidas a la Guardia Civil y la Policía Nacional por el Tribunal Superior.